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Desabasto: apoyar al gobierno y exigir el Estado de Derecho

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A la memoria de Ignacio Lapuente, amigo y lector

 

Sabía el presidente el tamaño de la cloaca que iba a destapar cuando se decidió a combatir el robo de combustibles y arreglar la gestión irregular de las gasolinas por parte de Pemex? A juzgar por la manera de concretar la acción no parece que el gobierno hubiese tenido información suficiente como para anticipar lo que se iba a desencadenar y advertir a la población sobre el escenario que hoy tenemos. Es lamentable porque, de haber podido prevenir el desabasto, o por lo menos controlarlo bajo ciertos márgenes, es posible que no estaríamos arrojados a la situación de riesgo que ahora padecemos.

 

Con todo, ahora eso ya no importa. La suerte está echada y no hay alternativa a cruzar el Rubicón. Vencer o fracasar. Despejar el camino para que el Estado mexicano recupere sus capacidades de control sobre los bienes estratégicos de la nación o quedarse en el pantano de la criminalidad, la corrupción y la desesperanza: ésa es la disyuntiva.

 

El grueso de la población ha asumido las molestias del desabasto con entereza y ha dado su respaldo al presidente. Pero nadie, ni López Obrador, posee un capital político ilimitado. Por eso tenemos que entender todo lo que está implicado en esta lucha.

 

En última instancia, como algunos han afirmado: recuperar los ductos y poner las gasolinas a salvo de los delincuentes —sean huachicoleros o de cuello blanco— equivale a realizar una segunda expropiación petrolera. No será poca cosa que el Estado mexicano salvaguarde los más de 60 mil millones de pesos que, según se estima, van a parar cada año a manos delincuentes como consecuencia del robo de combustibles. Imaginemos la sensación de optimismo ciudadano que traería un hecho como éste.

 

La crisis del desabasto de gasolina que estamos viviendo no es nada más un asunto técnico, un resultado colateral no anticipado producto de una decisión insuficientemente planificada por parte del gobierno federal. Es eso, pero sólo en parte. Nada de esto habría ocurrido si los gobiernos anteriores no hubiesen permitido la extracción sistemática de combustibles de los ductos, por los huachicoleros, y tampoco la venta de gasolina no reportada en la contabilidad oficial de Pemex, con la complicidad de funcionarios y técnicos de la empresa. Lo sabían y fueron omisos. El daño a la nación provocado por estas fallas de los gobiernos panistas y priistas es incalculable.

 

¿Cuánto dinero ha costado al gobierno, y por ende a los mexicanos comunes, esta extracción ilícita de combustibles que lleva décadas? ¿De qué manera ha repercutido esta sangría en la salud de la economía nacional y en el bienestar de la gente? ¿Cómo se suman estos robos de gasolina al conjunto de factores que producen la exagerada desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana? ¿Existe alguna relación entre la ineficiencia de Pemex en general y las alzas de precios de las gasolinas y la excesiva dependencia que padecemos de la compra de combustibles refinados en el extranjero?

 

El tamaño del problema —la presencia cada vez más incontrolada de huachicoleros y bandas de criminales, por una parte, y la acción depredadora del funcionariado corrupto que ha dirigido y gestionado a Pemex en colusión con algunos empresarios gasolineros, por la otra— hacía impostergable una acción clara del Estado mexicano.

 

Es imprescindible respaldar al gobierno federal porque es inaceptable que prevalezca este grado de despojo criminal de un recurso que pertenece a la nación y que constituye un factor crucial para la viabilidad del Estado mexicano. Vivimos una crisis de seguridad nacional que debe atajarse pronto, con eficacia coercitiva, legitimidad política y sustento legal. De suyo va, por supuesto, la solución eficiente del problema de abasto.

 

Pero es necesario mantener un nivel mínimo de cohesión entre los ciudadanos y el gobierno de manera que pueda construirse la autoridad que éste necesita para hacer valer la ley e implantar el orden.

 

El gobierno de López Obrador enfrenta una coyuntura extremadamente delicada. Si el desabasto se resuelve en un plazo corto, se controla la extracción ilícita de combustibles y se ejerce acción legal contra los responsables de estos crímenes contra la nación, el camino para México se va despejar. Por eso, no hay alternativa: hay que resistir el desabasto y apoyar al gobierno federal, pero también exigirle que castigue a los principales responsables de esta situación.

 

Todos debemos entender, en especial las clases medias, que en el interés de los mexicanos está la reconstrucción del Estado nacional. Sólo un Estado fuerte, con instituciones sólidas y dotadas del control y la gestión de los recursos fundamentales de la nación —territorio, minas, petróleo, energía, bosques, innovación y generación de conocimientos e inteligencia— puede defender a la sociedad de la ilegalidad, la corrupción y el egoísmo.

Escrito por: 
Héctor Raúl Solís Gadea
Fotografía: 
Humberto Muñiz
Fuente: 
Milenio