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Falta justicia incluyente

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Falta justicia incluyente

 

Aunque en el papel México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el acceso pleno a la justicia para ellas sigue lejano.

 

Marco Antonio González Mora, secretario del Departamento de Estudios Jurídicos de la UdeG, señaló que el documento, signado ante la ONU, establece una serie de adecuaciones en los procedimientos penales.

 

El especialista en administración de justicia advirtió que no sólo se trata de las modificaciones a un edificio para facilitar el acceso físico, sino igualar ante la ley las condiciones de una persona con discapacidad.

 

González Mora destacó en particular los artículos 2, 10 y 13 de la convención, donde se establece que los Estados que firmaron el documento deben asegurar su desempeño.

 

"(Los artículos) existen para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, se habla de unos facilitadores, que son personas que tienen que tener funciones para que ellos puedan dar sus versiones de los hechos y participar en todos los procesos", expuso.

 

"Esto viene siendo como personas, como víctimas, imputados o testigos dentro de un proceso penal, así para que se pueda constituir una evidencia de calidad".

 

El especialista señaló que en Jalisco hoy en día los servidores públicos carecen de una adecuada preparación.

 

 

 

Mucho que hacer

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Artículo 13 establece:

 

ACCESO A LA JUSTICIA

 

1. Los Estados asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

 

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Escrito por: 
Julio Pérez
Fotografía: 
Aryana Benavides
Fuente: 
Coordinación de Prensa y Comunicaciones