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Sobre el fiscal anticorrupción

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El miércoles pasado, la agrupación política jalisciense Hagamos, en una rueda de prensa, solicitó al Gobernador Aristóteles Sandoval que tome las medidas a su alcance para que el Sistema Estatal Anticorrupción sea un instrumento verdaderamente eficaz y no un ejercicio de simulación. Entre otras cosas, esto implica que en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción no intervenga el Ejecutivo, sino que sean representantes de la sociedad civil quienes envíen una terna al Congreso del Estado de la cual sea designado.

 

Las palabras clave son autonomía e independencia. El Presidente de Hagamos, Enrique Velázquez, dijo que se trata de que el Fiscal Anticorrupción “no le deba la chamba a nadie”, ni a un determinado partido y tampoco a un gobernador u otro. Por eso, su cargo debe durar nueve años y su permanencia no tiene que supeditarse a la voluntad del Poder Ejecutivo, sino, en todo caso, a las deliberaciones de una mayoría calificada en el Congreso después de escuchar el punto de vista del llamado Comité de Participación Social, instancia que de acuerdo con la legislación correspondiente tendría la facultad para opinar sobre el tema.

 

Además, el Sistema Estatal Anticorrupción debe contar con un presupuesto establecido constitucionalmente cuyos montos se fijen de acuerdo con criterios porcentuales claramente explicitados. De esa forma, se garantizarían recursos suficientes para llevar a cabo las acciones contra la corrupción, y condiciones de independencia política y moral frente a las autoridades constituidas. Recordemos que algunos organismos autónomos, incluidas las universidades públicas, ven comprometida esta condición cuando año tras año tienen que negociar su presupuesto pidiendo el favor de gobernantes y diputados.

 

¿Reaccionará favorablemente el Gobernador frente al clamor de que se tomen medidas serias para combatir la corrupción? ¿Lo harán también los diputados y los líderes de los principales partidos y fuerzas políticas? Ellos tienen el poder para decidir si pasan a la historia y dan un impulso positivo a la creación de mejores instituciones públicas en Jalisco.

 

El Gobernador Sandoval Díaz ha tenido un desempeño que se podría calificar como bastante aceptable; ha tomado decisiones valientes que algunas veces, por ejemplo, lo han desmarcado del Gobierno Federal, como cuando enfrentó las consecuencias del incremento a la gasolina y la llegada de Trump a la Casa Blanca. Otras ocasiones, ha revertido decisiones equivocadas de gobiernos anteriores, como es el caso, en fecha más reciente, de terminar con la concesión a particulares de la operación de las foto-infracciones. Y también se ha distinguido por llevar una batalla contra el pulpo camionero de la que está obteniendo triunfos como el de que algunos empresarios del transporte estén transitando hacia el esquema ruta-empresa.

 

Si Sandoval Díaz asume una actitud clara en favor de contar con un Sistema Estatal Anticorrupción podría añadir este logro a su hoja de servicios, lo que vendría a afirmarlo como un gobernador destacado nacionalmente.

 

Pero el Gobernador no es el único actor cuya voluntad tiene que ver con el establecimiento de un sistema eficaz de combate a la corrupción. Los otros son los líderes formales e informales de los partidos políticos y las bancadas del Congreso, entre quienes destaca el Alcalde Enrique Alfaro. Éste deberá evaluar los costos que a su imagen podría traer el hecho de que MC adopte una actitud apática con la instauración de un verdadero sistema de combate a la corrupción en Jalisco. Sería positivo que MC mande a los electores que impulsaron su ascenso al poder una señal de que mantiene su sintonía con la causa ciudadana y democrática.

 

En todo caso, creo que si la sociedad civil no presiona esta agenda de manera decidida, la legislación correspondiente no dará vida a un Sistema Estatal Anticorrupción verdaderamente autónomo. A nivel nacional existe un movimiento muy fuerte, impulsado por muchas organizaciones civiles y por distinguidos académicos y ciudadanos interesados en el tema. También en Jalisco los ciudadanos, algunas organizaciones y universidades han elevado la voz para impulsar esta causa.

 

Sin embargo, a pesar de que paulatinamente la sociedad civil está asumiendo la agenda contra la corrupción y la impunidad, sus esfuerzos siguen siendo insuficientes. Es necesario que los ciudadanos de a pie tengan más claras las consecuencias de la corrupción y la impunidad. Nos ahogamos en un mar de ineficiencias de todo tipo, de ineficacias y dispendios, a causa de la corrupción y su innumerable catálogo de acciones y delitos. Y lo peor, por no combatir la corrupción y la impunidad provocamos el desprestigio de la democracia y ponemos en riesgo la paz, la seguridad, la confianza y la estabilidad. Todo tiene que ver, pues, con este flagelo cuyo combate es la gran asignatura pendiente que tenemos.

Escrito por: 
Héctor Raúl Solís Gadea
Fotografía: 
Archivo
Fuente: 
Milenio