En el CUCSH se Inaugura el Primer Congreso de Derecho Penal para analizar los retos de la inteligencia artificial y las pruebas digitales en México
En el CUCSH se Inaugura el Primer Congreso de Derecho Penal para analizar los retos de la inteligencia artificial y las pruebas digitales en México
El encuentro académico reúne a especialistas del ámbito jurídico y judicial para reflexionar sobre la incorporación de nuevas tecnologías al sistema penal acusatorio, con énfasis en el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de los derechos humanos.
En un escenario donde los avances tecnológicos transforman las formas de investigar los delitos y de impartir justicia, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) inauguró el Primer Congreso de Derecho Penal: Sistema Acusatorio Adversarial Penal, Inteligencia Artificial, Pruebas Digitales y Científicas, un encuentro orientado a analizar los desafíos jurídicos, científicos y éticos que representa la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas al sistema penal mexicano.
La iniciativa, organizada por la División de Estudios Jurídicos, a través del Departamento de Derecho Público y la Academia de Derecho Penal, contempla cuatro jornadas de trabajo dedicadas al análisis del manejo, la incorporación y el desahogo de pruebas digitales y científicas, así como al uso de la inteligencia artificial en el sistema acusatorio adversarial.
La ceremonia inaugural se realizó en el auditorio Rosario Castellanos, con la participación de autoridades universitarias, representantes del Poder Judicial, especialistas y estudiantes, quienes se reunieron para reflexionar sobre los cambios que enfrenta el derecho penal ante el avance de la tecnología.
El presídium estuvo integrado por la doctora Karla Fabiola Vega Ruiz, directora de la División de Estudios Jurídicos; el doctor Raúl Padilla Padilla, jefe del Departamento de Derecho Público; la doctora Elba Patricia Herrera Torres, presidenta de la Academia de Derecho Penal; el magistrado Damián Campos García, del Poder Judicial del Estado de Jalisco; así como el doctor Hugo Vargas Covarrubias, juez y teniente coronel de Justicia Militar, y el capitán segundo, maestro Herón Moreno López, quienes participaron como ponentes de la jornada inaugural.
Durante su intervención, la doctora Karla Fabiola Vega Ruiz reconoció el trabajo académico y de coordinación de Raúl Padilla Padilla y Elba Patricia Herrera Torres para concretar este espacio de intercambio y actualización jurídica: “Muchas gracias por este esfuerzo en el que hoy convergen todos, la suma de conocimiento de nuestros ponentes para reflexionar sobre el presente y el porvenir de la justicia penal en México”, expresó.
La directora de la División de Estudios Jurídicos destacó que el congreso responde a la necesidad de comprender los cambios que experimenta la justicia penal y de generar espacios de discusión que permitan examinar tanto las posibilidades como los riesgos derivados de las nuevas tecnologías.
Al tomar la palabra, el doctor Raúl Padilla Padilla señaló que el encuentro fue concebido como un espacio de rigor intelectual, diálogo plural e innovación jurídica, con el propósito de profundizar en las implicaciones que tienen las nuevas herramientas científicas y tecnológicas para los procedimientos penales: “El propósito fundamental que nos convoca no es uno menor. Nos proponemos analizar, problematizar y profundizar en el manejo, la incorporación y el desahogo de las pruebas digitales, la evidencia científica de última generación y la irrupción determinante de la inteligencia artificial dentro de las dinámicas operativas y garantistas del sistema acusatorio adversarial penal en México”, afirmó.
El jefe del Departamento de Derecho Público subrayó la importancia de examinar la confiabilidad de los elementos probatorios y las condiciones bajo las cuales pueden incorporarse a un procedimiento judicial, sin comprometer las garantías que rigen la actuación de las autoridades y los derechos de las personas involucradas.
En este contexto, la presidenta de la Academia de Derecho Penal, la doctora Elba Patricia Herrera Torres, destacó que la inteligencia artificial puede contribuir a agilizar procesos, analizar grandes volúmenes de información, apoyar las pruebas periciales forenses y facilitar el reconocimiento de patrones delictivos, así como el análisis de geolocalización, audio y video. No obstante, advirtió que estas herramientas también plantean riesgos, particularmente cuando los algoritmos reproducen sesgos o prejuicios sociales capaces de afectar la imparcialidad.
Su incorporación, explicó, requiere una evaluación crítica que permita aprovechar sus beneficios sin perder de vista las implicaciones éticas y jurídicas de su aplicación. Por ello, consideró fundamental que el intercambio con especialistas contribuya a actualizar los conocimientos de estudiantes y académicos sobre los avances científicos y las tendencias emergentes en el ámbito penal.
Desde la experiencia del ámbito jurisdiccional, el magistrado Damián Campos García, del Poder Judicial del Estado de Jalisco, reflexionó sobre la evolución de las prácticas procesales y la manera en que los avances tecnológicos han modificado la documentación y el análisis de los hechos delictivos.
Al recordar su trayectoria profesional, señaló que las técnicas de investigación y el trabajo pericial han experimentado cambios significativos en las últimas décadas: “Yo recuerdo hace 20, 30 años, porque también yo estuve en la fiscalía, cuando llegabas a una escena del crimen ya había pruebas periciales, pero hoy se documentan de forma distinta”, expresó.
Su intervención puso de relieve que la transformación tecnológica no solo implica incorporar nuevos instrumentos, sino también adaptar los conocimientos y las prácticas de quienes participan en la investigación, el litigio y la resolución de los asuntos penales.
Los académicos señalaron que uno de los principales retos consiste en determinar cómo valorar la evidencia digital y científica, verificar su autenticidad y garantizar que pueda ser examinada y controvertida por las partes. Estos elementos resultan esenciales para evitar errores judiciales y asegurar que las resoluciones se sustenten en pruebas confiables.
Durante el congreso también se destacó que la reconstrucción de los hechos en un proceso penal ya no depende exclusivamente de los medios probatorios tradicionales. Los rastros cibernéticos, los metadatos y la información procesada mediante herramientas tecnológicas forman parte de un escenario que demanda nuevos conocimientos y criterios de evaluación. En consecuencia, el análisis de la prueba digital representa una responsabilidad jurídica y social que exige rigor metodológico, trazabilidad y respeto irrestricto al debido proceso.
La discusión académica también se orienta a preparar a las nuevas generaciones de profesionales del derecho para comprender los alcances y las limitaciones de las tecnologías emergentes. Entre las preguntas que guían los trabajos del congreso destaca cómo valorar y contrastar la prueba digital sin vulnerar el principio de contradicción, la presunción de inocencia ni el derecho a una defensa adecuada. La respuesta exige articular los conocimientos jurídicos con los avances científicos y tecnológicos, manteniendo como principios fundamentales la dignidad humana, la ética profesional y el compromiso social.
En este sentido, los organizadores destacaron la importancia de que las actividades académicas promuevan una visión crítica y cuestionadora de los paradigmas actuales, de manera que estudiantes y especialistas puedan afrontar los cambios tecnológicos sin perder de vista los principios que sustentan la impartición de justicia.
Como parte del programa inaugural, se realizó la conferencia magistral “El derecho fluido y la cuarta revolución industrial”, a cargo del doctor Hugo Vargas Covarrubias, juez y teniente coronel de Justicia Militar, y del capitán segundo, maestro Herón Moreno López.
El Primer Congreso de Derecho Penal busca consolidar un espacio de diálogo entre la academia y la práctica judicial para examinar las transformaciones que experimenta el sistema penal mexicano y contribuir a una comprensión más amplia de los desafíos que plantea la innovación tecnológica, con una premisa fundamental: el desarrollo de nuevas herramientas para la investigación y la impartición de justicia debe acompañarse de criterios sólidos de legalidad, transparencia y responsabilidad, a fin de fortalecer la protección de los derechos humanos y la confianza en las instituciones judiciales.
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Zapopan, Jalisco, 21 de octubre de 2026
